Por José Carlos Mahía - Lo que nos dejó la Interpelación por la privatización del Puerto

El 2 de marzo pasado el Presidente de la República anunció en la Asamblea General una serie de inversiones públicas millonarias, unas pocas con recursos del Estado, la mayoría -por distintas modalidades- con inversión privada.

De todas las obras públicas que anunció entonces, hasta ahora, concretó una sola: una nueva concesión del puerto de Montevideo a la corporación multinacional de origen belga Katoe Natie hasta el año 2081.

El acuerdo lo firmaron el 25 de febrero, de callados.

Después, el Poder Ejecutivo comunicó que la empresa se va a comprometer por un lado a realizar nuevas inversiones por unos 450 millones de dólares y por otro, a desistir de un juicio millonario contra el Estado, con el que venía amenazando desde hacía años.
Lo presentaron como un gran negocio para el país, pero el negocio fue para la empresa que obtuvo todo lo que aspiraba y más; para el Estado es un negocio ruinoso y para los uruguayos y uruguayas, mucho más.

Durante la interpelación en el Senado el acuerdo se defendió sólo por el Poder Ejecutivo y los legisladores blancos más cercanos al Gobierno.

El Partido Colorado más preocupado por el despido de un nuevo Ministro, se limitó a señalar que no conocía, ni había participado del acuerdo, pero lo respaldaron igual.
Por su parte Cabildo Abierto, con su ya sabida táctica del Tero, también dijo desconocer el acuerdo previamente, realizó algunas críticas, se adjudicó algunos puntos que aspiran a algunos cambios específicos en la moción mayoritaria, pero –como era de esperarse– respaldaron con sus votos al Ministro y al acuerdo.

Es tan fuerte la ambición de mantenerse en el Gobierno por parte de los socios de la coalición, que incluso quiénes dicen no haber sido informados de un acuerdo que establece un monopolio privado del puerto por 60 años, hacen suyo el acuerdo y dan sus votos para mantenerlo.

Hasta eso.

Desde un punto de vista que mínimamente busque defender el interés nacional es muy difícil, por no decir, imposible, entender porque el Gobierno firmó este acuerdo.

Formulemos estas diez preguntas básicas:

1) Conceptual, ¿cómo puede ser posible que los principales fundamentalistas del libre mercado y de la competencia terminen consolidando un monopolio privado para una empresa multinacional por 60 años, la que por todo ese lapso podrá fijar casi a su antojo las tarifas de las importaciones y las exportaciones?

2) ¿A quién pueden convencer que sea posible que las tarifas en el puerto vayan a bajar cuando una sola empresa privada, sin competencia ni posibilidad de regular por parte del Estado controla todo?

3) ¿Por qué limitaron cualquier posibilidad del Estado de regular el monopolio que se crea, habilitando a la empresa a cobrar por nuevos conceptos sin requerir de la autorización de la ANP?

4) ¿Por qué se imponen obligaciones al Estado respecto al dragado como lo es llevarlo hasta 14 metros de profundidad, cuando esto requiere de trabajosos acuerdos con Argentina, que compite con nuestro país por los negocios portuarios?

5) ¿Por qué se le ceden a la empresa terrenos de forma gratuita en Puntas de Sayago para que se instale un parque eólico de su propiedad y luego se le obliga a UTE a comprarle toda la energía a precio de consumidor?

6) ¿Por qué en lugar de aumentar las exigencias, al constituirse un monopolio privado, se flexibilizan los requisitos de tráfico mínimo y se establecen salvaguardas muy amplias para pagar el canon mínimo comprometido?

7) ¿Cuál es la razón por que se incorpora al área del puerto privado el área que es utilizada por el Servicio de Balizamiento de la Armada la que deberá ser desocupada en 120 días?

8) ¿No tenía claro el Gobierno que la decisión tomada iba a generar acciones legales contra el Estado por parte de la otra empresa que venía operando en el puerto, pudiendo recurrir esta a los Tratados de Protección de Inversiones con Chile y Canadá?

9) ¿Por qué dieron por buena la cifra que reclamaba la empresa belga como propia y renunciaron a un juicio muy ganable, con un Estado, como el uruguayo, de gran reputación internacional, que ha tenido resonantes éxitos contra Phillips Morris o el conflicto con Argentina en el Tribunal de La Haya?

10) ¿Por qué no tuvieron en cuenta la situación de los 700 trabajadores portuarios y sus familias, que quedan sin trabajo a partir de la decisión del Gobierno?

Durante las 20 horas que duró la interpelación estas preguntas, y otras también muy importantes no fueron contestadas.

Se optó por recurrir –otra vez- a las decisiones del Gobierno del Frente Amplio en materia portuaria, para justificar una decisión propia. Pretendieron comparar las condiciones otorgadas para promover la instalación de UPM (la mayor inversión privada de la historia del Uruguay) con una concesión por 60 años del puerto de Montevideo, por donde va a salir toda la producción nacional o van a ingresar insumos para las empresas instaladas en nuestro país y las mercaderías que consume la población.

La decisión del Gobierno es muy grave, tiene ilegalidades de todo tamaño y también viola la Constitución de la República. Cuesta creer como se fue por este camino.

Este acuerdo no le cierra a nadie, genera suspicacias porque no ofrece ningún fundamento racional que lo explique.

Ojalá, como país, podamos dar los pasos institucionales que frenen esto. El futuro del Uruguay en gran parte, se juega en ello.