Claudia Hugo: Dar a la INDDHH una integración partidaria sería “un daño irreversible para la Institución”

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) fue creada en diciembre de 2008, como una institución dependiente del Poder Legislativo, teniendo como cometido la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el Derecho Internacional. Quiero recordar y destacar –además- que no está sometida a jerarquías de ningún tipo y tiene un funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni ordenes de ninguna autoridad. Esto es esencial para la imparcialidad, independencia y garantía de su funcionamiento.
Está basada en algunos elementos claves que provienen de los Principios de Paris, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas: independencia, universarlidad e interdependencia, pluralidad, coordinación, participación social y contendido educativo.
Siguiendo los lineamientos de la ley que dio origen a nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos, es que hoy ha sido convocada esta Asamblea General para elegir a los miembros de su Consejo Directivo.
Como miembro de esta Comisión Especial de Elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, quiero destacar algunos elementos relevantes, a los efectos de su consideración por este cuerpo.
El informe presentado por el Presidente de la Comisión, el Legislador Mario Colman, fue aprobado con salvedades por los representantes del Frente Amplio. Se elevó hoy a esta AG una lista de 26 candidatos habilitados, es decir aquellos que cumplían los requisitos formales de postulación.
Sin embargo, no se realizó en Comisión ponderación de méritos, versación sobre cuestiones de Derechos Humanos, propuestas para el funcionamiento de la Institución en la visión de cada candidato, ni ninguna otra consideración que nos hubiera interesado realizar. Individualmente y como fuerza política sí lo hicimos, a conciencia, objetivamente y en relación a cada una de las personas propuestas.
Tampoco se admitió la solicitud realizada por legisladores del Frente Amplio de escuchar las voces de las organizaciones postulantes, y ni la solicitud de recibir al representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Destaco esto porque en definitiva es una clara intención de los integrantes de la coalición de gobierno -o alguno de ellos- de no prestar atención a ninguno de los elementos materiales, de fondo, que perfilan al candidato en consonancia material con lo que la ley de creación de la Institución indica. Transformando claramente esta elección en un reparto político de cargos, que como Frente Amplio no estamos dispuestos a convalidar.
Reparto político además, en el que -claramente olvida la coalición de gobierno- que al Frente Amplio lo votó la mitad de la población.
Pero no queremos entrar hoy en esta disputa, porque la Institución, no puede ni debe ser un botín, que se divida en función de criterios ajenos a los indicados en la propia Ley.
La Institución ha sido creada durante el primer gobierno del Frente Amplio, con arreglo a los Principios de París, que guían su funcionamiento y creación en el marco de la más amplia protección a los derechos humanos, dentro de las que en este momento parece oportuno señalar, para que quede bien claro también a quien no lo quiera escuchar, las ideas de autonomía del gobierno, libertad de influencias y presión respecto de los organismos del Estado.
De acuerdo al artículo 40 de la Ley de Creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Especial recibirá la postulación de candidatos y eliminará los que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 45: a) ser personas de alta autoridad moral y b) contar con experiencia y notoria versación en materia de DDHH
Sin embargo, de la simple lectura de los currículum presentados, es muy claro que materialmente, hay varios candidatos que no cumplen con la experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos que requiere la norma. Alguno -incluso- desconoce el propio nombre del organismo para el que se presenta, como surgió claro de algunas entrevistas.
Y realmente, si vinculamos esa falta de versación de algunos candidatos, a las voces que frecuentemente desde algunos sectores de la coalición de gobierno atacan y deslegitiman constantemente a la Institución, a la negativa a recibir a las Organizaciones Sociales que lo han solicitado así como la negativa a recibir al representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, parece claro que nos enfrentamos -como sociedad toda- a una situación verdaderamente preocupante.
Finalmente, nos parece imprescindible para mantener la memoria institucional del organismo, atender la redacción propuesta por el artículo 41 de la Ley, y procurar la reelección de por lo menos dos miembros de la Institución a los efectos de garantizar la continuidad en la experiencia de gestión de la misma.
Los Legisladores aquí presentes hoy, tenemos una de las más altas responsabilidades que nos imponen nuestros cargos. Designar a quienes serán los encargados de trazar los destinos y el camino de la Institución Nacional de Derechos Humanos para los próximos cinco años. El Frente Amplio –una vez más– estará a la altura de la responsabilidad impuesta.
Votaremos a las personas con más alta capacidad académica, capacidad técnica, capacidad moral, por su trayectoria profesional y social en el campo de los derechos humanos, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Todas ellas con un amplio respaldo de la sociedad civil, avaladas por Organizaciones Sociales de lucha contra la discriminación de género y de defensa de los derechos humanos, contra el terrorismo de Estado, movimiento sindical, entre otras.
No aceptamos que se termine dando a la Comisión Directiva de esta Institución una integración partidaria, porque eso sería realmente un daño irreversible para la Institución.