Asti: Altos mandos de nuestro Ejército siguen sin aceptar la comprobada violación de los DD.HH.

Con respecto a los recientes fallos de los tribunales de honor del Ejército, que por decisión del Poder Ejecutivo debieron juzgar a oficiales condenados por la Justicia Penal Civil por delitos de lesa humanidad, nos enfrenta al condenable hecho de que altos mandos de nuestro Ejército siguen sin aceptar la comprobada y trágica violación sistemática de los derechos humanos realizada por integrantes orgánicos de las Fuerzas Armadas y también con responsabilidad de sus mandos, antes y durante la dictadura, de civiles y militares. 

Esto no solo afecta el honor de la institución, sino que, además, implica la descalificación de su razón de ser, como lo prevé la Constitución de la República y el mandato histórico del pasado artiguista de nuestras Fuerzas Armadas.

Tampoco se suspendieron las actuaciones e informaron debidamente al Mando Superior al tener declaraciones de dos oficiales juzgados que confesaban y acusaban sobre algunos delitos por los que no habían sido condenados por la Justicia Civil, lo que debieron haber hecho, como resulta de los reglamentos de los propios tribunales de honor.

Fallos nefastos y gravísimos

Uno de estos dos fallos de los que estamos hablando deja libre de toda afectación el honor militar del oficial superior Maurente, condenado por aberrantes actos de terrorismo de Estado, el cual no fue homologado por el Presidente de la República.

El otro fallo, si bien también exonera de responsabilidades a los conocidos terroristas de Estado, los oficiales Jorge “Pajarito” Silveira y José “Nino” Gavazzo, condenados por veintiocho homicidios y desapariciones del segundo vuelo y otros descalificantes delitos, los castiga con la pérdida de su estado militar, es decir, con el pasaje a situación de Reforma, por no haber impedido que otro militar fuera condenado y encarcelado por un delito que no había cometido.

El fallo no aclara que eso se motivaba porque uno de ellos, el que omitió salvar a este militar, era el verdadero homicida y el otro lo sabía, pero lo encubrió ante la Justicia.

Basta destacar este solo argumento de tantos otros, imposibles de enumerar, para dimensionar esta nefasta y gravísima situación.

Se encubrió la muerte y desaparición de un ser humano

Por lo tanto, los únicos militares sancionados por estos dos tribunales de honor, lo fueron por haber perjudicado a otro militar.

No les importa que fueran los responsables de encubrir la muerte y desaparición de un ser humano en marzo de 1973 ‑según sus propias declaraciones, para no afectar el prestigio del Ejército‑, además de todos los otros delitos que mencionamos, por los que ya fueron condenados por la Justicia Penal Civil, sino que lo único que ahora condenan es que sabían que un camarada de armas era inocente y no hicieron nada para impedir su prisión.

Esto demuestra que poco ha cambiado la formación militar de estas nuevas generaciones de oficiales superiores y que algunos siguen apegados a la defensa de la doctrina que abrió las puertas al Terrorismo de Estado y sus crímenes de lesa humanidad, antes y durante la dictadura, que luego fueron amparados por la ley de impunidad y su exagerada aplicación durante los gobiernos de blancos y colorados, que impidieron avanzar en verdad y justicia.

Seguir trabajando por una nueva ley orgánica militar

Apoyamos firmemente lo actuado por el Presidente de la República, a quien no le tembló la mano para sustituir a la mitad de los Generales que estaban en ejercicio. Por ello nos comprometemos a seguir trabajando para que la nueva ley orgánica militar que estamos analizando en la Cámara de Diputados, y que sustituirá a la vigente desde 1974 (plena dictadura) avance en la necesaria democratización y revalorización de los principios básicos de actuación y misión de las Fuerzas Armadas, dejando de lado definitivamente esa doctrina de la seguridad nacional y de la obediencia debida.

Esperamos firmemente que este proyecto sea apoyado por la unanimidad del sistema político democrático de nuestro país.