Informe del Gobierno al FA - TLC con Chile se negocia bilateral o plurilateralmente con otros países para incrementar los intercambios
Una evaluación del impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile (Informe de Evaluación de Impacto del Acuerdo de Libre Comercio Uruguay-Chile) fue enviada por el Poder Ejecutivo al Frente Amplio para acelerar la sanción del acuerdo.
En el estudio se asegura que supone el "primer paso hacia un Uruguay más integrado en América Latina y abierto al mundo". El acuerdo firmado entre Uruguay y Chile "no es el fin en sí mismo", pero sí una "herramienta y un instrumento que se negocia bilateral o plurilateralmente con otros países para incrementar los intercambios económicos y comerciales de bienes y servicios", resume el documento.
El informe fue elaborado por los ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y entregado el martes al Frente Amplio como insumo para levantar el cuarto intermedio del Plenario Nacional, que —por 80 en 157 votos— había resuelto aplazar la decisión hasta contar con un informe de impacto antes de decidir la aprobación parlamentaria del proyecto de ley en cuestión.
Inserción comercial cautelosa, pero audaz e inteligente
El informe del Ejecutivo sostiene que traerá beneficios desde el punto de vista económico, político, medioambiental y social para Uruguay.
Se apela "a un modelo de inserción comercial cautelosa, pero también audaz e inteligente". Esto, agrega, supone una mirada global de "enfoque realista" y "pragmático".
Con respecto al pedido de que se negocien únicamente preferencias arancelarias para algunos bienes, asegura que si bien hay escenarios que en lo teórico podrían parecer "deseables", en una instancia realista "no están a disposición de Uruguay, ni de ningún otro país".
"En el mundo, las negociaciones implican alcanzar compromisos regulatorios que refieren a un conjunto amplio de vínculos, en el que se pueden excluir sectores considerados clave por alguna de las partes, y con posiciones ambiciosas en aquellos con gran potencial para los intercambios económicos", señala.
Un mercado de 17 millones de habitantes
Como en el caso de Uruguay y Chile el comercio recíproco no paga aranceles, la posibilidad de aumentar los valores comercializados pasa por evitar obstáculos técnicos y fitosanitarios, así como por apoyar la participación de las pequeñas y medianas empresas en el intercambio.
Según el estudio de impacto, el mercado chileno resulta "sumamente interesante" para los servicios profesionales uruguayos, para los audiovisuales y de Tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Por tanto, se accede a un mercado de 17 millones de habitantes y se gana en sectores que demandan mano de obra calificada y no calificada y pagan sueldos superiores al salario promedio.
Aumento de us$ 15 millones anuales en exportaciones de bienes
En esa línea, el gobierno sostiene que los proveedores de servicios uruguayos podrán acceder al mercado chileno "con claras ventajas" y además se incluyen los beneficios fiscales por tener con este país un acuerdo para evitar la doble imposición que, actualmente se encuentra a estudio del Parlamento de Chile.
El Ejecutivo realizó una simulación para evaluar el impacto en base a la estimación de un "modelo de equilibro parcial computable" en base al intercambio del año 2017. La tabla evidencia que el impacto de la sanción del TLC con Chile "es muy moderado", dado que la mayor parte de los flujos de bienes, servicios, inversiones y compras públicas ya se encuentran liberalizados.
Sin embargo, y producto de las medidas de facilitación de comercio en bienes y el mayor acceso en servicios, el acuerdo con Chile produciría un aumento de US$ 15 millones anuales en las exportaciones de bienes.
En tanto, si no se aprobara y entrara en vigencia un acuerdo similar entre Argentina y Chile, se exportarían unos US$ 60 millones menos a la vecina orilla.
No compromete la capacidad regulatoria del Estado uruguayo
Por otro lado, el acuerdo con Chile no supone "ningún costo" ni compromete la capacidad regulatoria del Estado uruguayo "en ninguna área o materia considerada estratégica".
Para afirmar esto se sostiene que el Poder Ejecutivo preserva normas de carácter legal o constitucional que suponen restricciones. Esto ocurre en servicios profesionales, de investigación, seguridad, alquiler de aeronaves sin tripulación, editoriales, imprenta, correos, enseñanza y transporte.
Reservas a futuro
En el anexo de reservas a futuro, Uruguay incluyó las siguientes actividades: servicios de distribución de combustibles o relacionados con la agricultura y minería, juegos de azar, artes e industrias culturales y entretenimiento, entre otros.
A eso agregan dos puntos más: "las medidas que afecten a los sectores sociales o económicamente en desventaja" y el intercambio comercial con países limítrofes. Asimismo, el acuerdo comercial reserva los sectores identificados como "sensibles" a los efectos de que el país pueda en el futuro adoptar medidas discriminatorias.
El informe de impacto sostiene que "desconocer los acuerdos que están negociando países —que son mercados rivales de nuestras exportaciones— y pretender que la mejora en el acceso a mercados no está sometida a cierto grado de urgencia, son todas formas de conspirar contra la diversificación de la matriz productiva y la incorporación de valor".
"Nada hace más por la peor de las versiones de la primarización de la estructura productiva que una inserción de mala calidad", asegura el informe de impacto sobre el TLC que elaboró el Poder Ejecutivo. Concluye que el acuerdo firmado entre Uruguay y Chile "no es el fin en sí mismo", pero sí una "herramienta y un instrumento que se negocia bilateral o plurilateralmente con otros países para incrementar los intercambios económicos y comerciales de bienes y servicios".